Editorial

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La reforma de la educación superior en Colombia ha intentado copiar modelos externos, sin tener en cuenta las características del país. Esta reforma debía reflexionar sobre dos posibles dicotomías que se presentan: calidad versus cobertura y lucro versus responsabilidad social.

Mi percepción personal es que en un país como Colombia hay una gran falta de compromiso social. Por tanto, permitir el establecimiento de instituciones educativas con ánimo de lucro generaría más efectos negativos que positivos. La educación de calidad implica que cuando un estudiante no cumple con los parámetros mínimos requeridos académicamente, debe repetir la actividad en la que no alcanzó el nivel. La experiencia muestra que incluso las universidades sin ánimo de lucro, sobre todo aquellas dirigidas a segmentos socioeconómicos medios y bajos, tienen problemas para lograr un equilibrio entre la exigencia y los resultados financieros de sostenibilidad. Esto se empieza a observar en los programas de calidad que ofrecen las universidades públicas colombianas en las regiones con el fin de fortalecerlas. Personalmente he tenido la oportunidad de participar en varios de estos programas, ejercicio valiosísimo, pero en algunos casos los estudiantes piensan que el hecho de que para mantener el convenio se requiera un número mínimo de estudiantes, los exime de hacer un esfuerzo para garantizar su cupo. Esta percepción de los estudiantes, en parte, se deriva de una realidad, y es que en algunas regiones no se tienen profesores formados que asuman con rigurosidad los cursos o la dirección de trabajos de grado. En este sentido, los costos de desarrollo de estos programas son mayores, en términos de la vinculación y desplazamiento de profesores capacitados, y no se ven compensados por el cobro de las matrículas de las universidades públicas pues normalmente están por debajo de las del mercado, siguiendo un principio de equidad en el acceso a la educación. Adicionalmente, en varias regiones los estudiantes no poseen los recursos para acceder a universidades privadas, que solo desarrollarían este tipo de programa bajo un criterio de resultados financieros mínimos.

Estos hechos ilustran cómo una formación de calidad implica invertir mayores recursos, ya sean públicos o privados, y por ello se vuelve una situación dicotómica hablar de incrementar cobertura sin hacer inversiones serias en el sistema. Es decir, esto nos lleva a preguntarnos por el origen de los recursos que deben ser invertidos en el sistema, considerando que en una racionalidad económica quien invierte en una actividad espera obtener una rentabilidad. Este aspecto toma especial relevancia cuando se habla de instituciones de educación con ánimo de lucro, pues al revisar la supuesta responsabilidad social de las empresas colombianas y extranjeras en Colombia, el balance social no señala rentabilidades sociales representativas. Un simple esbozo del comportamiento de la cultura empresarial en Colombia no augura buenos resultados para un sistema educativo que permite instituciones de educación con ánimo de lucro, pues la experiencia muestra que ante todo, se impondrán los resultados financieros sobre el impacto social.

La discusión sigue, y espero realmente que la sociedad colombiana entienda el peligro que corre una educación de calidad que difícilmente ha sobrevivido a través de reformas educativas improvisadas. Afortunadamente, aunque no se ha sostenido el nivel global que el sistema educativo colombiano tenía hace 20 años, sí se han mantenido instituciones que se esfuerzan por dar soporte a unos estándares de calidad, reconocidos internacionalmente.

Edison Jair Duque Oliva

director

Profesor tiempo completo, Universidad Nacional de Colombia.