Editorial

El último trimestre ha sido un periodo de importantes cambios en materia fiscal en Colombia. En particular, la Ley de Financiamiento aprobada a finales del 2018 y el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (pnd) “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” dan cuenta de una necesidad apremiante de aumentar ingresos y reducir gastos, lo que supone un riesgo para asuntos centrales como la financiación de los gastos prometidos en el sector educativo o la continuación del proceso de reinserción a la sociedad civil de los desmovilizados de grupos armados como las farc. En efecto, se espera que la Ley de Financiamiento genere alrededor de 7,5 billones de pesos (Ahumada, 23 de diciembre de 2018), la mitad de lo que en su momento era la meta, de suerte que el cumplimiento de la regla fiscal depende en buena parte del éxito del gobierno para reducir las presiones del lado del gasto.

The last three months have been a period of significant changes in tax matters in Colombia. Specifically, the Financing Law, enacted in late 2018, and the National Development Plan (ndp) project “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” reflect the pressing need of increasing the income and reducing the expenditures, posing a risk for central issues such as the funds promised to the education sector or the continuation of the process for the reinsertion of demobilized armed groups –such as farc– to the civil life. In fact, the Financing Law is expected to collect approximately cop 7.5 trillion (Ahumada, December 23, 2018), half of the initial goal. Therefore, meeting the tax ruling depends in large part of the government’s success in reducing the spending pressure.